Se apuesta por una reducción del total de capturas, para el mantenimiento de la biomasa, que permita la actividad de la flota que se dedica a esta pesquería. España defiende que existe margen para aplicar lo que obliga la Política Común de Pesca en materia de fijación de nivel de mortalidad y que supondría un TAC de entre 13.500 y 15.000 ton en 2018, con una reducción de las capturas respecto a 2017 y una recuperación del 5% de la biomasa.
Los eurodiputados RUP se reunirán con los Comisarios Corina Cretu y Karmenu Vella en Estrasburgo para exponerle algunos de los asuntos de mayor interés de la flota pesquera para las regiones ultraperiféricas (RUP), y para Canarias.
Javier Garat subraya la necesidad de financiar las paralizaciones temporales cuando los buques se ven obligados a cesar su actividad por causas como paro biológico, cierre de una pesquería o la ruptura de un protocolo de pesca con un tercer país.
Solicita analizar la situación de la formación de tripulaciones, aplicar un IVA reducido del 4% a los productos pesquero, fortalecer los recursos del IEO y adaptar la PPC al nuevo escenario político europeo.
El objetivo del nuevo Reglamento es ajustar las normas de la UE a los objetivos de la reforma de la política pesquera común, que incluyen la protección del medio marino, la gestión sostenible de todas las especies explotadas para fines comerciales y, en particular, la consecución de un buen estado medioambiental en el medio marino para 2020.
Los ministros europeos decidirán la próxima semana en Bruselas las cuotas comunitarias y España debe luego repartirlas entre su flota nacional. Más del 60% de las poblaciones de la UE evaluadas están fuera de los límites biológicos de seguridad y casi la mitad permanecen sujetas a sobrepesca.
