La Alianza Mar Blava presenta al gobierno balear una Ley para declarar el Mediterraneo libre de prospecciones de hidrocarburos

Alianza Mar Blava ha elaborado la proposición de ley como parte de su estrategia de protección del Mediterráneo frente a los proyectos de prospecciones petrolíferas.

Se espera obtener el apoyo de todos los grupos en el Parlamento balear y que la proposición de ley se pueda elevar en breve al Congreso de los Diputados.

El coordinador de Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, acompañado de Raül Luna, portavoz de la plataforma, han entregado esta semana al Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno balear, Vicenç Vidal, y al Director General de Pesca y Medio Marino, Joan Mercant, la proposición de ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas como zona libre de prospecciones de hidrocarburos, uno de los objetivos fundamentales de la Alianza Mar Blava, documento encargado por la Consejería de Medio Ambiente a la Alianza.

El Consejero ha explicado el motivo del encargo: “Cada victoria supone también una nueva amenaza” -recordando que, pese al archivo definitivo ya logrado de los proyectos de Schlumberger en el golfo de León y de Cairn Energy en el golfo de Valencia, estos proyectos pueden ser sustituidos por otros nuevos. Por ello, ha subrayado “hacía falta un instrumento más fuerte para hacer frente a todos los proyectos actuales y futuros“.

La ley “se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria por los cuales queda excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que el España tenga jurisdicción“, tal y como ha detallado Carlos Bravo. Igualmente queda excluido de este espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, excepto en el caso de que esté científicamente demostrado que utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.

La disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Mientras tanto, la disposición transitoria subraya que la ley será aplicable a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas en tramitación que no hayan sido resueltas a la entrada en vigor de esta Ley.

En la exposición de motivos se recuerda que España forma parte de la mayoría de los acuerdos internacionales de protección del Mediterráneo y como miembro de la Unión Europea ha adaptado su sistema jurídico a las normas comunitarias de protección de la biodiversidad y la diversidad geológica, plasmándolas en leyes como la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la de Ley de Protección del Medio Marino. La primera, de hecho, creó la figura de Área Marina Protegida mientras que la segunda formalizó la Red de Áreas Marinas Protegidas de España.

A todo ello se suma la propuesta de Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del corredor de migración de cetáceos que transcurre entre las costas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares, que, a instancias de la Alianza Mar Blava y el Gobierno de las Islas Baleares, fue anunciada por el Estado en la pasada 19ª Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona celebrado en Atenas el pasado mes de febrero. Una declaración que cuenta con el apoyo del pleno del Parlamento balear, que aprobó, de forma unánime, en su sesión plenaria del pasado 16 de febrero, una Declaración Institucional instando al Gobierno central a la declaración del ZEPIM, así como aplicar de forma inmediata un régimen preventivo de protección en este área y medidas de reducción del ruido submarino.

Después del Parlamento balear han sumado a esta petición el Gobierno de las Islas Baleares (en la reunión del Consejo de Gobierno del 27 de mayo), la Generalitat de Cataluña (mediante Acuerdo del pasado 19 de julio), los Consejos insulares de Mallorca, Menorca y Formentera, más de 10 ayuntamientos de las Islas Baleares y, de forma más reciente, el Ayuntamiento de Barcelona.

La proposición de ley se presentará a todos los grupos parlamentarios baleares y se deberá aprobar en la cámara balear para después debatirse en el Congreso de los Diputados donde tendrán que defenderla tres diputados de la Comunidad Autónoma.

“Esta propuesta es un paso más para lograr uno de los objetivos de la Alianza, la declaración oficial de un Mediterráneo libre de prospecciones de hidrocarburos que permita proteger sus valores naturales, culturales y socioeconómicos. Esta es una demanda de la sociedad civil y el sector privado de las Islas Baleares, así como de las administraciones baleares y de otros territorios del arco mediterráneo”, manifestó Raúl Luna.