España y Portugal han presentado a la Comisión un reforzamiento de las medidas del plan de gestión que pueda evitar el cierre de esta pesquería, recomendado por la evaluación del ICES. La Secretaría General de Pesca ha informado de que estaba a la espera de la respuesta de Bruselas ante esta propuesta.
Se apuesta por una reducción del total de capturas, para el mantenimiento de la biomasa, que permita la actividad de la flota que se dedica a esta pesquería. España defiende que existe margen para aplicar lo que obliga la Política Común de Pesca en materia de fijación de nivel de mortalidad y que supondría un TAC de entre 13.500 y 15.000 ton en 2018, con una reducción de las capturas respecto a 2017 y una recuperación del 5% de la biomasa.