La entidad ya demandó en 2010 a los responsables del fraude por vía civil y penal.
Han aflorado cerca de 420.000 empleos irregulares y se han detectado casi 6.000 empresas ficticias. En Cataluña han aflorado 58.000 empleos sin derechos.
Se ha estimado que la falta de competencia en las licitaciones públicas impone sobrecostes de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales.
