Reforma de la estiba
Mantendrá entre sus fines “ostentar la representación de los asociados frente a las organizaciones sindicales y en especial para la negociación de acuerdos y/o convenios colectivos de nivel estatal.
24 horas antes de la convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley de la reforma de la estiba, el documento fue remitido tanto a la patronal Anesco como a los sindicatos.
Los trabajadores irán a la huelga a partir del próximo miércoles día 24, durante 8 días alternos, pero seguirán dialogando y negociando con la patronal para intentar concesuar el segundo decreto ley.
Tensión en los puertos españoles a la espera del resultado de las votaciones. Los sindicatos no ven posibilidades de una buena negociación sin finalmente sale adelante.
La asociación empresarial exige su participación activa en el desarrollo reglamentario que debe iniciarse, con objeto de que pueda recoger aportaciones, así como el principio de acuerdo suscrito entre ANESCO y las organizaciones sindicales, con fecha 27 de marzo.
International Dockworkers Council (IDC) ha reclamado que los estibadores de los puertos alternativos de Francia, Italia, Portugal o Marruecos no realicen labores de descarga de las mercancías que, en origen, iban destinadas a España.
Tras la publiación en el BOE, el pasado sábado día 13 de mayo, del Real Decreto Ley de la reforma de la estiba, aprobado por el Consejo de Ministros, los sindicatos Coordinadora, UGT, CC.OO.,CIG y CGT han registrado ese mismo día el preaviso de huelga.
Los sindicatos de estibadores registran un preaviso de huelga para parar entre los próximos 24 de mayo y 9 de junio.
La norma que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros no ha sido enviada ni a los sindicatos ni a la patronal, justo lo contrario del compromiso que adquirió el Gobierno. Ante esta situación volverá a presentarse preaviso de huelga.
Los estibadores convocan asambleas en los principales recintos portuarios españoles españoles para decidir las acciones futuras.
Hasta la fecha, el sindicato no ha recibido el nuevo borrador del Real Decreto ni ha sido convocado a reunión alguna.
La compañía insta, una vez más, al Gobierno de España a resolver cuanto antes la situación de la estiba y aprobar un texto legal basado en el pacto alcanzado entre ANESCO y los sindicatos.
Según explicó el ministro de Fomento, el Real Decreto es la elevación a un rango normativo de la propuesta del encuentro entre sindicatos, patronal y el propio Gobierno, que "fue nuestro compromiso".
El Gobierno dará cumplimiento a la sentencia europea mediante el Real Decreto de Ley de reforma de la estiba, cuya aprobación será inminente, y que vendrá acompañado de un Real Decreto fruto de la negociación colectiva.
A los estibadores les parece inaudito que el ministro "se dedique a explicar a los medios lo urgente de la presentación del RDL, en vez de enviar a las partes algún documento sobre el que presentar alegaciones, tal como le exigieron en el Congreso el resto de partidos políticos y tal como se comprometió".
El ministerio enviará a los sindicatos el Real Decreto que recogerá la propuesta de mediación. Y lamenta el intento de alterar la realidad por parte de Coordinadora, que afirmaba ayer que los técnicos de la Comisión no lo han considerado imposible.
Los técnicos de Coordinadora se reunieron con los de la Comisión de Transportes esta mañana en Bruselas y reiteraron que la potestad para legislar es de España.
El Gobierno ha recibido una comunicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se indica que va a resolver directamente, sin vista oral para alegaciones, el procedimiento sancionador contra el Reino de España por el régimen de la estiba.
Los sindicatos con representación en la estiba valoran de manera positiva las aportaciones del mediador y su ayuda a la conciliación en todo el proceso, a la vez que entienden que, una vez logrado un acuerdo entre los sujetos legitimados para la negociación colectiva, no se precisa la mediación al respecto.
Considera errónea la información facilitada por el Ministerio de Fomento que cifra en 2.415 millones de euros de coste para el erario público la asunción de la propuesta presentada por ellos y los trabajadores, como principio de acuerdo.