Se ha analizado la situación actual y perspectivas de los diferentes puertos, que, salvo excepciones, empieza ya a tomar un sesgo extremadamente preocupante y sin visos de mejoría en el corto o medio plazo.
Tras la firma, el pasado 8 de marzo por parte del Consejo de Ministros y su publicación en el BOE el 23 del mismo mes, el Decreto pasa a ser norma jurídica con rango de ley sin necesidad de corroboración posterior por parte del Parlamento.