El avance del censo de vertidos al mar de 2017 gana en coherencia respecto al de 2007 al aplicar los mismos criterios en todas las Canarias

El avance del censo de vertidos al mar de 2017 elaborado por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y dado a conocer en el Parlamento de Canarias por la consejera Nieves Lady Barreto registra, aproximadamente, unos 200 vertidos menos que el censo elaborado en 2007 que desaparecen del registro por diversas razones.

Este trabajo se 2016 con el objetivo claro de obtener la imagen real de los vertidos que van al mar y que podrían producir un impacto en el medio marino, por ello, se han racionalizado los criterios para dar coherencia y eficacia a todo el documento.

Un porcentaje de las bajas con respecto a 2007 se deben a la desaparición de los propios vertidos por un cambio en las instalaciones que los originaban.

Por otro lado, en el nuevo avance del censo no se han tenido en cuenta los vertidos que no son realmente al mar (aproximadamente, 50 registrados en el documento de 2007), ya que se realizan fuera del dominio público marítimo terrestre, principalmente, en pozos absorbentes.

Sin embargo, la mayor diferencia con respecto a los datos de 2007 la marca la decisión de no contabilizar en el nuevo censo los vertidos de aguas pluviales. Esto se debe a la aplicación de un criterio de coherencia, ya que en el anterior censo solo se contabilizaron algunos y solo en algunas islas, no en todas, y debido, por otro lado, a la escasa relevancia medioambiental de estos vertidos de agua de lluvia en el medio marino.

Según los datos aportados por el avance del censo de 2017, existen 109 autorizaciones de vertidos al mar en Canarias. Es en estas autorizaciones preceptivas en las que se establece cuál el tratamiento indicado en cada caso y los planes de vigilancia y control, que permiten hacer un seguimiento y conocer el estado de lo que se vierte al mar.

En estos momentos, se están tramitando en la Viceconsejería de Medio Ambiente 90 expedientes de autorización. De ellos, 44 están pendientes de que el solicitante (ayuntamientos, cabildos u otras entidades) aporten la documentación necesaria o requerida; 30 están a la espera de la preceptiva concesión de ocupación del dominio marítimo terrestre por parte del Ministerio; 14 están en una fase inicial de estudio de la solicitud y 2 en fase de información pública. Estos datos pueden variar en función de la entrada de más solicitudes de autorización.

Es la Viceconsejería de Medio Ambiente la que ejerce la función de inspección ordinaria de los vertidos al mar autorizados, mientras que el régimen sancionador en caso de incumplimiento corresponde a la Agencia Canaria del Medio Natural (antes, APMUN).

La Consejería de Política Territorial seguirá manteniendo, como ha venido haciendo hasta ahora, comisiones de seguimiento con los consejos insulares y ayuntamientos y ofrecerá, si se considera necesario, asistencia técnica a las administraciones locales.

El Gobierno de Canarias ha asumido la ejecución de las obras de la depuradora de Valle Guerra, de Tamaraceite o de La Graciosa, entre otras. A este esfuerzo hay que añadir los más de 300 millones que ayuntamientos y cabildos invertirán a través del FDCAN en saneamiento, obras hidráulicas y depuradoras.

Por otro lado, la Consejería de Agricultura negocia ya nuevas obras con el Ministerio en base a los datos actualizados del censo y estudia la financiación de otras infraestructuras con fondos europeos.