La Autoridad Portuaria de Barcelona ratifica sus actuaciones respecto a la ampliación del dique del Este

La entidad ya demandó en 2010 a los responsables del fraude por vía civil y penal.

El Consejo de Administración del Puerto de Barcelona, en su sesión extraordinaria celebrada ayer, ha acordado no ejercer acción de responsabilidad contable en el procedimiento de reintegro sobre las irregularidades detectadas en las obras "Modificado del proyecto de ampliación del dique de abrigo Este" que ha iniciado el Tribunal de Cuentas, ya que considera que no se dan los requisitos de responsabilidad contable.

El Consejo considera que las acciones adoptadas hace ya siete años, cuando se descubrió y denunció el fraude (2010) son las adecuadas para conseguir el resarcimiento del perjuicio sufrido.

La obra "Modificado del proyecto de ampliación del dique de abrigo Este" se ejecutó entre los años 2001 y

2008, con un presupuesto de 197,2 millones de euros.

En 2010 el Puerto de Barcelona descubrió un fraude en las obras de ampliación del dique del Este estimado en más de 40 millones de euros, en el que participaron empresas contratistas, la asistencia técnica del Puerto y directores de obra del puerto que ya no estaban en la entidad. Inmediatamente lo denunció a la Fiscalía Provincial de Barcelona y demandó tanto a las empresas constructoras y de asistencia técnica como a sus directores de obra implicados. Actualmente la causa penal está pendiente de señalamiento de fecha por el juicio oral, y en cuanto al personal del puerto, únicamente está imputado un antiguo director de obras.

En 2016, seis años después de las actuaciones del Puerto, el Tribunal de Cuentas abrió, en relación a estos hechos, procedimiento de reintegro. En este procedimiento, en febrero de 2017, el Abogado del Estado en el Tribunal ha pedido responsabilidad contable a los que eran presidentes (3) y directores (2) del Puerto de Barcelona a lo largo del período de 2001 a 2010, así como otras cuatro personas (de las cuales dos fueron directores de la obra y otra trabajaba en la asistencia técnica de estos directores de obra).

Ahora le tocaba el Puerto decidir si, por su parte, procedía demandar responsabilidad contable. En resumen, el Consejo considera que con las acciones ejercidas hace siete años los intereses del Puerto están suficientemente cubiertos.