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Jordi Aragunde: "La lucha de los estibadores españoles es la lucha de los estibadores de todo el mundo"

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“El IDC prestará el apoyo incondicional a los trabajadores españoles y plantea movilizaciones y actuaciones en todo el mundo”.


El Gobierno español pretende acabar unilateralmente con el trabajo de los estibadores y cuestiona el crecimiento de la economía


Los más de 100.000 afiliados al IDC en los cinco continentes muestran su absoluto rechazo a las medidas dictatoriales del Ejecutivo español.


El Coordinador General del IDC, Jordi Aragunde, se pondrá en contacto con líderes de los principales sindicatos a escala internacional para organizar acciones de apoyo y llama a la solidaridad de los trabajadores.


En un comunicado emitido por International Dockworker Council, Jordi Aragunde manifiesta que “el Gobierno español pretende acabar con el crecimiento de la economía española y busca pretextos para hacer desaparecer la profesión de estibadores de los puertos del país”. Así de contundentes han sido sus palabras tras conocerse el pasado jueves que el Ejecutivo conservador que gobierna en España pretende lanzar un Decreto legislativo de forma unilateral y sin haber, siguiera establecido diálogo previo con los trabajadores. En este sentido, para el líder del sindicato supranacional “la lucha de los estibadores españoles es la lucha de los estibadores de todo el mundo”.


“Los puertos españoles están creciendo. Los jornales de los trabajadores también… y el Ministerio de Fomento pretende actuar con un decretazo que impida la recuperación económica del país”, añade Aragunde. “Con una medida unilateral como la que pretenden llevar a cabo lo que lograrán será lastrar las buenas cifras y la recuperación del comercio exterior en el conjunto de España”.


Además, “la toma de medidas unilaterales es una incitación para los trabajadores” que, en España, ya han previsto medidas para disuadir al Gobierno de su idea bajo el lema: “Acción-Reacción” En este contexto, Aragunde está contactando con los principales líderes sindicales en todo el mundo para coordinar acciones de apoyo a los trabajadores españoles, lo que sin duda tendrá una repercusión, ya que "se trata de una ofensa contra miles de familias, despidos de centenares de trabajadores, minusvalorar el trabajo que se ha estado realizando hasta la fecha y poner en peligro la seguridad en los puertos”.


Así, “El IDC prestará el apoyo incondicional a los trabajadores españoles y plantea movilizaciones y actuaciones en todo el mundo”, ha señalado el Coordinador General del sindicato. “Somos más de 100.000 estibadores unidos en puertos de los cinco continentes y ya hemos demostrado que la unión hace la fuerza”.


En comunicado destaca que hay que recordar que el IDC siempre se ha mostrado abierto a establecer diálogo tanto con el Gobierno español como con el comunitario para suavizar las consecuencias de una aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 6ª), de 11 de diciembre de 2014, que pueda dañar los intereses de los trabajadores. 


En este punto, la Comisaria Bulc señaló a Jordi Aragunde y Anthony Tetard –acompañantes del líder sindical español y ex Coordinador General del IDC, Antolín Goya-, su posicionamiento en favor de una negociación sincera.


Además, según el mandato de la Asamblea General del sindicato, celebrada en Miami el pasado año, el International Dockworkers Council se perfila en su papel de mediador en los conflictos nacionales, como ya ha hecho en los casos de Portugal o, actualmente, con la situación en Suecia. En este sentido y ante la propia Comisión Europea, "propondremos abrir vías de dialogo siempre que el Decreto no se publique con consenso, como había prometido la ex ministra de Fomento y actual presidenta del Congreso de los Diputados español, Ana Pastor", señala el Coordinador General.


Cabe señalar que en el principio de acuerdo al que llegaron hace pocos días los representantes de los trabajadores –encabezados por el sindicato Coordinadora- y los de la patronal Anesco existe un escrupuloso cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo y una evolución del actual modelo de estiba en España.

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