Los estibadores españoles no aceptarán medidas unilaterales de empresas o del Gobierno español para liberalizar el sector de la estiba en los puertos

Ante el anuncio de Bruselas de que ya se puede contratar mano de obra externa a los puertos para los trabajos de estiba, sin esperar la adaptación de la legislación española a la sentencia europea que obliga a liberalizar el sector, los estibadores españoles anuncian que tomarán las medidas de reacción oportunas.

Hace unos días saltaba a la opinión pública la noticia de que la Comisión Europea ha dado un paso más hacia la liberalización del monopolio de la estiba en España. La comisaria de Transportes, Violeta Bulc, en respuesta a una pregunta de la europarlamentaria española Izaskun Bilbao, ha comunicado que a partir de ahora se podrá contratar personal externo de los puertos para realizar labores de carga y descarga, en contra de la actual legislación española. Las empresas estibadoras ya pueden aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declara ilegal la normativa española sobre contratación de trabajadores portuarios a pesar de que el Gobierno aún no ha cambiado la Ley de Puertos para aplicar esa fallo. Hasta ahora, las compañías que operan en los puertos de interés general no podían acudir libremente al mercado para incorporar personal, sino que tenían que contratar obligatoriamente a trabajadores pertenecientes a sociedades gestoras -llamadas Sagep- en cuyo capital, además, están obligadas a participar. Esta nueva decisión de Bruselas, choca de frente con la intención de los estibadores de mantener su posición actual hasta la redacción de la nueva ley estatal.

Ante esta noticia, el coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, afirma que “la realidad es que estamos ante un cuestionamiento del modelo de estiba español, que Europa dice que este sistema nuestro impone restricciones a la libertad de establecimiento cuando establece la obligación de las empresas estibadoras a formar parte como socios de las Sociedades Anónimas de Estibadores Portuarios (SAGEP) y que eso es contrario al derecho de la Unión Europea".

Según Goya, "también es cierto que estamos ante un inminente cambio legislativo que modificará las reglas del juego de nuestro sector y lo es, igualmente, que somos europeos y ciudadanos responsables y aceptamos la sentencia en sus estrictos términos. Ahora bien, nada establece la sentencia, ni la contestación de la comisaria, sobre la relación laboral de los estibadores con las SAGEP, ni de las lógicas obligaciones laborales de las estibadoras con nosotros, como trabajadores por cuenta ajena con relación laboral especial que nos vincula con el conjunto de las empresas que operan en cada puerto".

A juicio de Antolín Goya, "hay quien pretende hacer una interpretación de la sentencia en la que se ve afectado el contrato de trabajo de los estibadores y alienta el despido o la no contratación de los trabajadores, como consecuencia del derecho de las empresas de causar baja en la SAGEP. Sin embargo, quien hace esta interpretación, olvida la obligación de subrogación de las obligaciones laborales con los estibadores".

Por otra parte, desde la Coordinadora Estatal se asegura que "de hacerse efectivo lo que postula la respuesta de comisaria Bulc, quienes podrán acogerse al dictamen de la sentencia serán los nuevos operadores, no los que actualmente están instaurados, con el consiguiente agravio comparativo para los que se encuentran ya en nuestros puertos que, por otro lado, son, junto con el resto del sector, del que somos pieza fundamental, los que han hechos crecer los tráficos a cifras casi de milagro, por utilizar una expresión que apuntaban en un medio sectorial".

Por último, Goya afirma que "somos conscientes de que estamos a las puertas de un cambio, pero también sabemos que esta modificación de la legislación debe hacerse con la participación y consenso de todas las partes afectadas y, supongo, que una actuación unilateral de cualquiera de ellas (individual o colectiva) dará lugar a una respuesta de las otras. Lo que sí puedo garantizar es que Coordinadora sí que reaccionará ante una medida unilateral, que no haya sido consensuada, de cualquier empresa o del Gobierno. Estamos dispuestos a negociar pero no aceptaremos situaciones de hecho”.