La nueva ley de cambio climático y transición energética

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La recientemente aprobada Ley 7/2021, de 20 de mayo de CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA, trae consigo cambios muy notables en materia medioambiental. Las nuevas políticas de la Unión Europea en esta materia están influyendo en la actualización legislativa de los países miembros.


Naciones Unidas ha subrayado que existe una diferencia creciente entre la senda real de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las obligaciones asumidas por los Estados Parte del Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático, adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático («Acuerdo de París»).


La nueva Ley en su artículo 1 especifica: “Esta ley tiene por objeto asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, firmado por España el 22 de abril de 2016 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 2 de febrero de 2017; facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible, que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades”.


Dada la complejidad y extensión del texto legal, resumiré a continuación algunos aspectos básicos del mismo:


Objetivos Mínimos

Entre los objetivos mínimos de la nueva Ley, se enmarca alcanzar la neutralidad climática antes de 2050 y en el menor plazo posible. 2050 es la “fecha horizonte” clave de los nuevos cambios que se avecinan.


En el 2030 se debe haber alcanzado una reducción de emisiones del 23% en comparación con las de 1990. También en 2030, el consumo final energético debe estar compuesto por al menos un 42% de energías renovables. El 74% de la generación lo será de fuentes renovables.


Todos estos objetivos comenzarán a revisarse por parte del gobierno en 2023.


Movilidad Sostenible

El Gobierno impulsará la movilidad sostenible presentando en las Cortes Generales un proyecto de ley de movilidad sostenible y de financiación del transporte para fomentar dichas medidas. De esta manera se pretende que e 2050 todos los turismos y vehículos comerciales ligeros sean del tipo “cero emisiones de CO2”. La administración controlará las emisiones en zonas urbanas de más de 50.000 habitantes y territorios insulares en un plazo no posterior a 2023. Esta medida tiene importantes repercusiones para los puertos situados cerca o integrados en núcleos urbanos y obliga a una rápida implantación de los sistemas de shore power que permitan apagar los motores de los buques cuando esté atracados.


Para los puertos estatales en general, se impone el objetivo de cero emisiones de CO2 e 2050. Para favorecer esta medida se impulsará el transporte ferroviario con origen y destino portuario, las autopistas del mar, las energías alternativas para buques y el short power mediante suministro eléctrico o el uso de combustibles alternativos menos contaminantes.


Gases Renovables

Se fomentará el uso de gases renovables, incluyendo biogás, biometano e hidrógeno a través de planes específicos que regularán su uso industrial o su empleo para soluciones de movilidad.


Energías Renovables

Se establecerá una zonificación que identifique áreas de sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad y otros valores ambientales, de forma que los proyectos renovables se lleven a cabo en emplazamientos donde se minimice el impacto.


Uno de los objetivos es conseguir revertir parte de la riqueza que se genere en los territorio con el desarrollo de energías renovables, para activar la economía y combatir el declive demográfico.


Se implementarán “Sandbox regulatorios”, para llevar a la práctica proyectos tecnológicos de investigación e innovación, que contribuyan al desarrollo de las energías renovables terrestres y marinas.


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Herramientas de acción climática

Se aprobarán los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima por parte del consejo de ministros para el periodo 2021-2030 y también la Estrategia de Descarbonización para 2050, que será revisada cada 5 años. Para conseguir todos estos objetivos se fomentará un programa de digitalización en el marco “España Digital 2025”.


Un comité de expertos en cambio climático y transición energética, serán los responsables de evaluar y realizar recomendaciones sobre políticas ambientales y otras medidas.


Recursos Públicos

Las AAPP podrán establecer incentivos para la consecución de los objetivos, en particular para introducción de energías renovables, fomentando el autoconsumo, instalaciones de pequeña potencia y la calefacción y refrigeración de cero emisiones.


Un porcentaje a definir y sobre los Presupuestos Generales del Estado, se destinará a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética, equivalente a lo que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la UE.


De los ingresos de las subastas de derechos de emisión, se destinarán al menos 450 M€ anuales, para financiar costes de las renovables del sistema eléctrico. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social por la transición hacia una economía descarbonizada, o vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. También se podrá destinar anualmente un 25% para instalaciones en riesgo de fuga de carbono.


Muy destacado es que se incorporarán criterios ambientales en la contratación pública.


Las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras deberán elaborar un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y medidas adoptadas.


Impulso a la Economía Circular

El Gobierno remitirá a las cortes en 6 meses un Proyecto de Ley de Residuos y Suelos contaminados, incluyendo como uno de sus principales ejes, el impulso a la economía circular.


Fiscalidad Verde

Se constituirá un grupo de expertos en los próximos 6 meses desde la aprobación de la Ley, para evaluar una reforma fiscal que valorará también la fiscalidad verde.


Cada 5 años se aprobará por el consejo de ministros una estrategia de transición justa y los correspondientes convenios para zonas concretas.


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Cambio Climático y Biodiversidad

Se redactará un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático como instrumento de planificación básico, acompañado de informes de evaluación cada 5 años. Este Plan Nacional integrará los riesgos del propio cambio climático, la gestión del agua, el medio marino y costero, la gestión territorial, la urbanística, el transporte, la seguridad alimentaria, salud pública, etc.


Se promocionará entre los gestores público-privados los sumideros de carbono.


La biodiversidad y sus hábitats se protegerán frente al cambio climático, elaborando una estrategia para la adaptación de los ecosistemas naturales y especies silvestres, su restauración y conservación.


La red de espacios protegidos Natura 2000 será evaluada ante los nuevos escenarios climáticos.


A la vista de esta importante batería de medidas y planes de actuación, la administración pública y las grandes empresas tendrán que reforzar sus estructuras para dar respuesta a la nueva Ley, dotándose de recursos y medios a corto plazo. En los puertos, el plan estratégico marco de Puertos del Estado, define líneas de actuación a llevar a cabo por parte de las diferentes Autoridades Portuarias. Con la aprobación de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética se reafirma el camino emprendido ya por muchos puertos para realizar una actividad respetuosa con el medio ambiente.

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By José María Pedrosa Jamar

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CAPT. ANTONIO M. PADRÓN Y SANTIAGO

By Capt. Antonio M. Padrón y Santiago

Embajador Marítimo de Buena Voluntad de la OMI. Consejero Técnico de Seguridad y Medio Ambiente. Dirección General de la Marina Mercante. España

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