Hamilton solicita a Puertos de Las Palmas 40 mil metros para una base logística de servicios al sector offshore

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Tras superar el trámite de competencia, Hamilton presenta su proyecto para obtener la concesión sobre una parcela en el Muelle Nelson Mandela sobre la que ya tiene una autorización temportal, y en la que prevé invertir 10 millones de euros.

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Hamilton y Cía. ha presentado en esta Autoridad Portuaria de Las Palmas solicitud de concesión de dominio público, al que adjunta “Proyecto Básico para la solicitud de concesión de parcela en el Muelle Nelson Mándela”, para ocupar una parcela de 40.077 m², con destino a “Base logística de operaciones para dar servicio integral al negocio off-shore”, en el Área Funcional 3.

Una vez superado el trámite de competencia de este proyecto, Hamilton da este segundo paso, a la espera de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas haga una valoración en profundidad del mismo y pueda pasar a ser evaludado en un futuro consejo de administración. Se prevé que esto no ocurrirá antes de final del año.

Hamilton prevé una inversión que ronda los 10 millones, dotando a la parcela de suelo logístico que permita la maniobra de maquinaria pesada para mover piezas de gran tonelaje. En estos terrenos, que ya está utilizando Hamilton con una autorización temporal, se va a construir, además, una nave, una zona de staking de risers, y de inspección, y permitirá disponer de una central de compras y repuestos para las plataformas.

Según declaró Francisco González, commercial manager de la compañía, a este medio durante el trámite de competencia, "con esta plataforma logística se activan las exportaciones porque toda la mercancía que entra se inspecciona, se almacena y se envía a nuestros clientes a cualquier parte del mundo. En estos momentos estamos mandando mercancía a Australia, hemos mandado a Trinidad, y a muchos puertos de West Africa".

Tras la publicación en el Boletín Oficial de La Provincia de hoy, 14 de agosto, se abre un plazo de 20 días hábiles a los efectos de que las personas o entidades que se consideren afectadas puedan formular las observaciones y alegaciones que estimen pertinentes.