Podemos defiende que las aguas canarias sean aguas de un Estado archipielágico

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Además, y “si fuera necesario”, la formación morada considera que el Gobierno de España debería recurrir al “Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia para la delimitación de los espacios marítimos de Canarias”.

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El Grupo Parlamentario Podemos Canarias quiere que tanto la Cámara regional como el Gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo se impliquen en demandar al Ejecutivo de España que inicie “el procedimiento necesario para la convocatoria de una nueva Convención sectorial sobre el Derecho del Mar” con el fin de que el espacio marítimo de las Islas “sea internacionalmente equiparado al de un Estado Archipielágico”.

Además, y “si fuera necesario”, la formación morada considera que el Gobierno de España debería recurrir al “Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia para la delimitación de los espacios marítimos de Canarias”.

Así lo ha asegurado la portavoz parlamentaria y secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, que con esta iniciativa demuestra que la formación morada “tiene una fórmula más completa y mejor” para las aguas canarias que la contemplada en la reforma del Estatuto de Autonomía, al contrario de lo que argumentó el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, en el debate sobre la modificación de la máxima norma del Archipiélago celebrado el miércoles en el Parlamento.

“Las aguas canarias incluidas en el Estatuto carecen de relevancia jurídica para solucionar la cuestión de la configuración de las aguas interiores archipielágicas en nuestra Comunidad Autónoma y la creación de un espacio marítimo interior o interinsular, más allá de un mero reconocimiento formal de estas aguas como de especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias”, afirma Santana.

Concepto vacío

Es decir, que la figura incluida en el nuevo Estatuto de Autonomía “es un concepto vacío de contenido en la medida que las zonas marítimas siguen siendo las establecidas en el ordenamiento español, de conformidad con el Derecho Internacional”, por lo que en las mismas “no se ejercerán competencias estatales o autonómicas algunas sobre otras zonas que no sean las aguas interiores, el mar territorial o la zona económica exclusiva”.

Además, la propia Ley de Aguas Canarias de 2010, aunque delimitó por vez primera las aguas marítimas del Archipiélago, reconoce que la misma “carece de contenido jurídico a efectos internacionales”, lo que la convierte en una aplicación unilateral e interna española que no obliga su cumplimiento a terceros Estados.

La propuesta, que deberá ser debatida en la Cámara regional, incluye exigir al Gobierno de Canarias a que “en el seno de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, plantee como cuestión a debatir la delimitación y protección de los espacios marítimos de estas regiones” que, en su mayoría, se trata de islas o archipiélagos, y “se eleve a los Estados de los que forman parte y al del Comité Europeo de las Regiones una resolución consensuada al respecto”.

Marco legislativo adecuado

Paralelamente, el texto de la iniciativa considera necesario que el Gobierno de España impulse en la Unión Europea (UE) “un marco legislativo adecuado para la determinación y protección de los espacios marítimos de los archipiélagos de Estado”, teniendo especialmente en cuenta la condición de región ultraperiférica de algunos de ellos “y los compromisos adquiridos por Canarias en el marco del Pacto de las Islas Europeas”.

Además, la formación morada cree que los gobiernos de Canarias y de España deben negociar “la ampliación de las medidas de protección de zona marina especialmente sensible de Canarias” y también con Portugal, Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) “la determinación de la zona económica exclusiva de Canarias, Madeira y Salvajes y la costa occidental de Marruecos y la RASD”.