El bueno, el feo y el malo

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Este 'spaghetti western' tiene su remake en el Puerto de Las Palmas con un duelo a tres bandas, mientras los espectadores asisten con la mirada estupefacta, y a veces indiferente, a las fechorías e impunidad de algunos personajes públicos que dañan el mayor motor económico de Canarias.

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Algunos pensarán que el acoso al que estaba sometido el anterior presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, por el también expresidente de Puertos del Estado, José Llorca, es agua pasada. Sin embargo mañana, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José Cardona, informará al consejo de administración de la Sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº B-104/17, el 25 de julio de 2018. Una sentencia que desestima la demanda contra Ibarra por el plus de residencia que cobraban los directivos del ente portuario, según la cual el presidente, Luis Ibarra, y el director en aquel momento, José Miguel Pintado, actuaron conforme a la Ley.

Hay que matizar, además, que el expresidente Ibarra, nunca cobró este plus, asignado única y exclusivamente a los directivos de la entidad.

Hasta aquí todo parece un mero trámite, pero hay que recordar que esta demanda, interpuesta por la abogacía del Estado, a instancias de Puertos del Estado y su presidente en aquel momento, José Llorca, no tenía elemento alguno en la que sustentarse salvo la animadversión manifiesta de Llorca sobre Ibarra, fruto probablemente del famoso expediente de La Esfinge en el que está imputado un amigo del primero, exdirector del Puerto, además de afectar a una etapa en la que el propio Llorca era consejero de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El fallo de la sentencia emitida por la Consejera del Tribunal de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante y Mirón (exministra de Justicia en la etapa de Aznar) en el procedimiento de Reintegro por Alcance, "desestima íntegramente la demanda interpuesta por el Abogado del Estado, en nombre del Organismo Puertos del Estado, a la que se ha adherido el Ministerio Fiscal, contra don Luis Ibarra Betancor y don José Miguel Pintado Joga. Y se condena al Organismo Público Puertos del Estado al pago de las costas procesales".

Hay que resaltar que Puertos del Estado emitió en 2009 un informe solicitado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas avalando la procedencia de continuar pagando el complemento de residencia del 15%, que fue ratificado en 2010 en un documento remitido por Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas que anexaba instrucciones de la CECIR sobre la aplicación del Real Decreto 8/2010, en el que también se indicaba que la minoración del 5% "no afectará a los gastos de acción social ni a la indemninación por residencia".

Es decir, con un informe de Puertos del Estado nunca rebatido ni cuestionado por la propia entidad, y con sentencias judiciales a favor del cobro del complemento ganadas por los trabajadores, no parecía de recibo que el expresidente Llorca avocara a Puertos del Estado a meterse en un conflicto judicial sin atisbos de coherencia para perjudicar al expresidente Ibarra, como culmen de una serie de acciones encaminadas a deteriorar y minar la imagen y  la credibilidad de su adversario político.

Concluye la sentencia eximiendo de las responsabilidades contables y del reintegro de las citadas cantidades que superaban los cien mil euros como responsables directos y solidarios de los perjuicios causados a los fondos públicos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que le reclamaba Puertos del Estado a Luis Ibarra. Por último, relata el documento legal, "respecto al pago de las costas procesales procede su imposición a la entidad demandante, al haber sido íntegramente desestimadas sus pretensiones sin que se aprecie que el asunto presentaba serias dudas de hecho o de derecho que justifiquen la no imposición de las costas".

Como ya relató Ibarra a CanaryPorts al conocerse la sentencia, "reiterar que en estos casi siete años al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas he tenido a José Llorca como enemigo, y creo que simplemente fue por mandar a la fiscalía el expediente de La Esfinge". Y matizaba que "la condena a costas a los demandantes, es en el fondo como ver algo de mala fe en la propia demanda".

Hay que recordar que este acoso en la figura de Ibarra por parte del expresidente de Puertos del Estado, José Llorca, se manifestó en acciones tan perjudiciales como la obligación de privatizar la Fundación Puertos de Las Palmas, siendo la única que quiso hacer desaparecer de las existentes en España. A día de hoy, sigue siendo pública, pero sufrió una ralentización en su actividad que perjudicó mucho a la promoción de Puertos de Las Palmas.

Con la misma intensidad quiso desestabilizar la gestión del expresidente Ibarra alargando el dictamen de la solicitud de independencia del Puerto de Arrecife a sabiendas de que era inviable, como así se ha demostrado. Aquí además contó con la inestimable complicidad del senador por la isla de Lanzarote del Partido Popular, Joel Delgado; el presidente de la Cámara de Lanzarote, José Torres; y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, todos ellos arropados por el Gobierno de Canarias en un afán sospechoso de rebajar la supremacía del Puerto de Las Palmas. Es curioso que tras la salida de Ibarra de Puertos de Las Palmas esas voces tan críticas se hayan enmudecido sin que la situación haya cambiado un ápice.

No es necesario enumerar todos los agravios a que fue sometido Puertos de Las Palmas y su expresidente en la etapa de Llorca, baste recordar que las inversiones en el Reina Sofía sufrieron retrasos injustificados hasta la marcha de Ibarra, llegando a declarar el propio Llorca en la presentación pública de Juan José Cardona como presidente de la Autoridad Portuaria que "en pocas semanas se licitarán las tan esperadas obras del Muelle Reina Sofía".

En definitiva, lo que se dilucida aquí es la facilidad con la que determinados Altos Cargos de la Administración ponen en marcha procedimientos costosos, por rencillas personales, para acabar con un adversario político sin importar dañar su imagen o su trayectoria profesional, e inclusive, perjudicar el desarrollo ecómico de un sector tan estratégico como el Puerto de Las Palmas, y todo ello sin que haya un mecanismo que ataje estos comportamientos, algo a lo que si no se pone remedio, pagaremos todos. 

Quizá va siendo hora de que mañana el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas levante la voz y exija una disculpa pública del impulsor de la demanda, José Llorca, y también exija a Puertos del Estado que las costas de este procedimiento irracional y temerario las asuma el causante. De esta manera no tendreos que pagar entre todos su vaivenes, mientras él sigue en Puertos del Estado a la espera de tiempos mejores para optar a dirigir nuevamente, si lo dejan, este ente público, que en uno de sus últimos actos públicos calificó como su reinado, con una frase que quedará para la posteridad dicha ante algunos empresarios "Se acabó mi reinado". 

Toca quitarle el antifaz a este personaje que pasará a la historia de Puertos de Las Palmas como alguien nocivo que intentó laminar su desarrollo por una vendetta. Y toca alejarlo para siempre de la vida pública y de Puertos del Estado especialmente.

Llegados a este punto, parece claro quién ostenta el papel de "malo" de la película y quién es el "bueno" en el guión descrito. Otro día les contaremos la historia del "feo" de la película.