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El análisis de las alternativas tendrá en cuenta, también, la conexión de la nueva línea con la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, así como su conexión en el entorno de Castejón.
Además, el estudio analizará la conexión de la nueva infraestructura con los centros de transporte existentes o planificados en la zona de influencia del corredor.
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El Ministerio de Fomento, según se anuncia este jueves en la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha adjudicado el contrato de servicios para la redacción del “Estudio informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo Zaragoza-Castejón”, a la empresa TPF Getinsa-Euroestudios. S.L, por un importe de 595.000 euros (IVA incluido).
Se cumple así la previsión expresada por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de adjudicar dicho contrato de servicios este mismo mes de marzo.
El estudio informativo contemplará la actualización y planteamiento de nuevas alternativas de trazado a las analizadas en estudios informativos previos para el tramo Zaragoza-Castejón, en ancho estándar y apto para tráfico mixto de viajeros y mercancías.
El análisis de las alternativas contemplará también la conexión de la nueva línea con la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona tanto en sentido Madrid como en sentido Barcelona, así como su conexión en el entorno de Castejón con el trazado de las líneas Castejón-Pamplona y Castejón-Logroño. Además, el estudio analizará la conexión de la nueva infraestructura con los centros de transporte existentes o planificados en la zona de influencia del corredor.
Los trabajos a realizar se desarrollarán en varias fases. En cada una de ellas, todas las alternativas estudiadas se analizarán y se compararán entre sí por criterios generales que englobarán varios conceptos, como los económicos, funcionales, medioambientales, etc., para decidir cuál de las opciones estudiadas es la más adecuada desde el punto de vista del interés general.
El Estudio Informativo será sometido a los trámites de información pública y de audiencia a la Administraciones, previstos en la legislación vigente, al objeto de asegurar el necesario consenso institucional y ciudadano.
Tras este periodo de información pública, que se realizará a los efectos ambientales y sectoriales, se solicitará al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la nueva Declaración de Impacto Ambiental, paso necesario para la aprobación definitiva del estudio.
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