Afecta a 9 personas físicas y 3 jurídicas, todas de nacionalidad española, por su participación en la propiedad, gestión y explotación de estos buques.
Se impone también la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas. Las actuaciones permitieron descubrir la existencia de un entramado empresarial dirigido a ocultar la propiedad, gestión y explotación de buques identificados por participar en pesca Ilegal.
Este Control Integral se fundamenta en un sistema de control y seguimiento de buques, en una unidad de control de importaciones y en una unidad de inteligencia.
