Se apuesta por una reducción del total de capturas, para el mantenimiento de la biomasa, que permita la actividad de la flota que se dedica a esta pesquería. España defiende que existe margen para aplicar lo que obliga la Política Común de Pesca en materia de fijación de nivel de mortalidad y que supondría un TAC de entre 13.500 y 15.000 ton en 2018, con una reducción de las capturas respecto a 2017 y una recuperación del 5% de la biomasa.
