La Plataforma de Inversores en Puertos Españoles pide amparo al Gobierno y a Europa ante la coacción de los estibadores

PIPE acusa a Coordinadora de utilizar el chantaje para conseguir firmar acuerdos individuales con las empresas portuarias y no someterlas a paros desconvocando la huelga en sus terminales.

La Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), conformada por importantes empresas del sector portuario, ha pedido amparo de las autoridades nacionales y europeas ante lo que dicees un “chantaje” por parte de Coordinadora, sindicato mayoritario en la estiba española, a quien acusa de someter a las empresas a un campaña de acoso, a través de los paros convocados, para lograr que firme un documento de acuerdo global, que según PIPE es contrario a lo legislado por el Gobierno.

PIPE denuncia que a aquellas empresas que firman este acuerdo se les permite "el normal desarrollo de la actividad", y a quien no lo rubrica se se somete a un incremento en los paros y a ritmos de trabajo más lentos, tal como ha ocurrido en los puertos de Algeciras, Barcelona o Valencia.

Desde la organización empresarial se considera ilegal este acuerdo que firman las empresas con el sindicato Coordiadora, ya que no respeta ni la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ni el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno Español y ratificado en el Congreso, ya que pretende mantener una situación similar a la existente antes de la nueva ley, cercenando "el poder de decisión y dirección de las empresas para poder controlar desde las SAGEPs las condiciones laborales mediante coacción".

PIPE denuncia que esta acción que está llevando a cabo Coordinadora coloca en clara desventaja al conjunto empresarial, debilitado por las importantes pérdidas que está generando la huelga selectiva e ilegal, y pone fin a alguna opción de diálogo entre ambas partes.

PIPE asegura que esta situación no es nueva, ya que en el año 2009 tanto Coordinadora como la propia patronal Anesco fueraon sancionadas por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) por la firma de un acuerdo en el que no se respetaba la libre competencia y se utilizó una fórmula similar de adhesión empresarial bajo coacciones.

Ante esta insostenible situación, según PIPE, la patronal reclama la inmediata actuación de las autoridades europeas y nacionales, para que velen por el cumplimiento de la legislación actual, y defiendan los derechos de las compañías del sector.