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La Fundación Puertos de Las Palmas tiene los días contados en su formato público

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La conversión de la Fundación en una entidad privada obligará a paralizar el proceso de selección de gerente iniciado el pasado mes de abril

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Además de la delicada situación en la que se encuentra inmersa la Fundación Puertos de Las Palmas tras la detección de presuntas irregularidades en su gestión y que ocasionó la dimisión del ya ex-gerente Sergio Galván, Puertos del Estado ha confirmado a este medio que la "Fundación Canaria Fundación Canaria Puertos de Las Palmas se incluye en el listado de fundaciones que dejan de tener la consideración de fundaciones del sector público estatal", además ha matizado que "actualmente se están realizando los trámites para cumplir dicho acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros".


Este cambio de identidad de la Fundación, de entidad pública a privada tiene como consecuencia la paralización del proceso de selección de gerente iniciado el pasado mes de abril, y que a la finalización del plazo para presentarse como candidato se han registrado más de una decena de solicitudes.


En palabras del presidente del  Autoridad Portuaria de Las Palmas y de la Fundación Puertos de Las Palmas, Luis Ibarra, esta paralización más que probable del proceso selectivo se debe a que en estas circunstancias la más que previsible reducción de ingresos hará que haya que replantearse las asignaciones económicas de futuro gerente, a la que vez que, de manera indirecta, muchos de los candidatos, funcionarios de carrera, no podrá acogerse a las excedencias a las que tendrían derecho si siguiera siendo una Fundación del sector público estatal.


A la delicada situación de la Fundación se suma el hecho de que en las próximas semanas la Intervención deberá hacer público el análisis de su gestión económica, esta decisión final está pendiente de la postura que tome el Ministerio del que dependen las fundaciones públicas españolas. Todo apunta a que en el mejor de los casos se realizará una auditoría en profundidad, y en el más grave de los casos se remitiría a la Fiscalía por el volumen y gravedad de las irregularidades detectadas.

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