La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares pide a la Comisión Europea controles sanitarios homogéneos en los puertos y aeropuertos para garantizar la seguridad sanitaria de los viajeros

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El Gobierno trabaja un planteamiento de reactivación ligado a la modernización, la cohesión y la sostenibilidad a través de los fondos europeos, en la línea que marcan tanto el Estado como la UE.

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La presidenta del Gobierno, Francina Armengol, ha trasladado a la Comisión Europea (CE) la situación especial y complicada que viven las Islas Baleares debido a la pandemia de la Covidien-19 y ha pedido que se dé apoyo específico al sector turístico para poder reactivar la economía y prioridad especial en Baleares en los proyectos destinados a diversificar el modelo con conocimiento e innovación, formación, transición ecológica y energética y digitalización. Así lo ha explicado la presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen, que ha participado en la Conferencia de Presidentes autonómicos con el jefe del ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Las comunidades autónomas han podido explicar, de primera mano, las necesidades principales de cada territorio, así como trabajar directamente con la CE en cuanto al reparto de los fondos europeos de reactivación económica. Antes, sin embargo, la presidenta ha incidido en la importancia de priorizar la protección de la movilidad dentro de la Unión Europea, especialmente afectada por la Covidien-19 y que provoca una grave incidencia en las Islas Baleares, por su fuerte dependencia del sector turístico. En este sentido, Armengol ha trasladado a Von der Leyen la necesidad de establecer «criterios comunes» para «tener controles sanitarios homogéneos para viajar con seguridad» en los aeropuertos y puertos de los diferentes territorios.

Según explicó Armengol en la rueda de prensa posterior a la reunión, esta es una de las prioridades con que la CE está trabajando, ya que se trata de una «cuestión absolutamente fundamental» para muchas economías y, especialmente, para la balear.

Por otro lado, Armengol ha destacado la necesidad de que el principal sistema de protección para los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad, los ERTE, sean suficientes y se mantengan hasta que sea necesario para garantizar esta protección, ya que los fondos económicos provienen directamente de financiación europea. Del mismo modo, así como el ISBA aumenta un año la carencia de los créditos, ha pedido que con los créditos del ICO se pueda actuar de la misma manera. La presidenta ha recalcado que estos nuevos márgenes para continuar sin amortizar los créditos beneficia empresarios, autónomos y pequeñas y medianas empresas en un momento «tan complicado» para estas.

Reparto de los fondos europeos

En cuanto al reparto de los fondos europeos, Armengol ha explicado que Sánchez ha definido cinco áreas principales en las que el 50% de los fondos serán ejecutados por transferencia y por vía de convenios con las comunidades autónomas. Estas ejes tienen que ver con la rehabilitación de viviendas, con un énfasis especial con el aumento de la eficiencia energética; la biodiversidad y la sostenibilidad; la educación y la formación; la economía de los cuidados, y la modernización y digitalización de las administraciones. De hecho, este último eje cuenta con 600 millones de euros de convocatorias directos para las comunidades autónomas, ayuntamientos y consejos insulares, en el caso balear, a los que se podrían acoger con unas directrices concretas para dar respuesta a estas necesidades.

Les Illes Balears duen des de l’estiu treballant conjuntament entre institucions i principals sectors econòmics i socials en els projectes que es defensaran per tal que l’Estat els inclogui en el pla nacional que enviarà a la CE. En aquest sentit, Armengol ha exposat les tres línies de treball principals que s’estan duent a terme i que tenen a veure amb la transició energètica, la reactivació econòmica i la cohesió social.

En el primer caso, la presidenta ha insistido en que el Gobierno se alinea con la CE en su apuesta por el hidrógeno, con el desarrollo de la planta de Lloseta que implicará, también, dar acceso a energía limpia para la movilidad colectiva y la actividad del sector turístico. Por otro lado, ha destacado como principales retos la descarbonización de las Islas Baleares; el Plan de Menorca 2030; el impulso de parques fotovoltaicos; del autoconsumo; de la movilidad sostenible, como la apuesta por el tranvía; el apoyo al vehículo eléctrico; la rehabilitación urbana en términos de eficiencia energética, proyectos para las plantas de residuos, la no contaminación del Mediterráneo y las infraestructuras necesarias para desarrollar el Pacto por el Agua.

En cuanto a la reactivación económica, Armengol ha explicado que el Gobierno trabaja con algunos ejes fundamentales, como la remodelación de las zonas maduras para atraer un turismo de calidad; los incentivos a los sectores tecnológicos y de innovación, como el desarrollo de un polo biomédico y un polo marino; la digitalización de las empresas y la modernización de las administraciones públicas; y la apuesta por adaptar la formación profesional a nuevos sectores económicos, como el de las energías renovables, la economía de los cuidados, la mejora turística, la industria náutica o la tecnología, entre otros.

Por último, en relación con la cohesión social, la presidenta ha destacado «la apuesta clara» en infraestructuras y residencias para atender a personas en situación de dependencia, así como en nuevos servicios domiciliarios. También ha hecho referencia a proyectos de igualdad, como el Plan de Conciliación o la feminización de profesiones hoy día más masculinizadas.

Armengol ha recordado que se trabaja de manera intensa con los diversos ministerios para estructurar los proyectos y garantizar, así, su financiación a través de los fondos de recuperación, ya que "deben tener un planteamiento de reactivación ligado a la modernización, la cohesión y la sostenibilidad ". Hay que recordar que las comunidades autónomas gestionarán un 50% de los fondos europeos de reactivación, que, en su totalidad, es de 140.000 millones de euros, de los que 72.500 son de transferencia no retornables.