​La Autoridad Vasca de la Competencia solicita a los sindicatos de estibadores del Puerto de Bilbao que su actuación no restrinja la competencia

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Ante la presentación de un preaviso de huelga para el periodo comprendido entre los días 8 y 28 de agosto, LEA/AVC solicita que la actuación de los estibadores no vulnere la normativa de competencia.

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La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) ha contactado con cuatro sindicatos de estibadores del Puerto de Bilbao para solicitarles que su actuación “se incardine en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, sin afectar a cuestiones que puedan impedir, restringir o falsear la competencia”. 

LEA/AVC realiza esta solicitud al tener conocimiento de la presentación por parte de varios sindicatos de un preaviso de huelga legal que afectará a la totalidad de las empresas estibadoras que realizan servicios portuarios de manipulación de mercancías y/o servicios comerciales sitas en el Puerto Autónomo de Bilbao, y a la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao, CPE (Bilboestiba), entre los días 8 y 28 de agosto. 

Desde el absoluto respeto a la función de los sindicatos de defensa de las condiciones laborales de los trabajadores, y sin entrar a valorar los motivos alegados para la convocatoria de la huelga, LEA/AVC considera que, de acuerdo a la doctrina de los tribunales estatales y de la UE, los convenios colectivos entre representantes de empresas y trabajadores no quedan automáticamente excluidos de la aplicación de las normas de competencia y de las normas del Tratado de Funcionamiento de la UE sobre libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. 

Comunica, asimismo, que el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional. 

Además, en 2016 LEA/AVC consideró como boicot y, en consecuencia, sancionó por infracción del artículo 1.1 de la LDC, la convocatoria de huelga para no prestar servicios a una determinada naviera, que realizó una asociación de transportistas autónomos del Puerto de Bilbao. Dicha sanción fue confirmada por el Tribunal Supremo. 

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