La flota atunera española cree que garantizar la seguridad de los tripulantes es un arma eficaz para luchar contra la pesca ilegal

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OMI   Conferencia Ministerial de la OMI en Torremolinos

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La flota solicita la ratificación del Acuerdo de Ciudad del Cabo en la Conferencia Ministerial sobre esta materia que la OMI celebra en Torremolinos.

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La flota atunera española afirma que garantizar la seguridad de las tripulaciones a bordo de los buques es un instrumento de gran valor para luchar contra la pesca ilegal. Con este objetivo, nuestra flota ha vuelto a solicitar la ratificación del Acuerdo de Ciudad de Cabo de la Organización Marítima Internacional (OMI), en la Conferencia Ministerial que este organismo celebra esta semana en Torremolinos (Málaga).


El objetivo de este encuentro es impulsar las adhesiones a este acuerdo, aprobado en 2012 y ratificado hasta el momento por 13 países, España entre ellos, siendo los dos últimos Islas Cook y Santo Tomé y Príncipe que lo han hecho durante esta reunión. Cabe recordar que su entrada en vigor exige la adhesión de 22 estados.


Según Julio Morón, director gerente de OPAGAC, que ha participado en esta conferencia, “mejorar la seguridad en los buques pesqueros permite no sólo salvar vidas sino también combatir la pesca ilegal. La comunidad internacional -añade Morón- ya es consciente de esta relación, por lo que insistimos en la necesidad de que más países firmen este tratado, que desde la flota ya cumplimos y verificamos con nuestro certificado Atún de Pesca Responsable (APR)”.


APR, referente internacional también en seguridad a bordo

Al igual que en el resto de los ámbitos de la actividad pesquera (condiciones sociales, control, buenas prácticas pesqueras y condiciones sanitarias), el certificado APR de AENOR incorpora los mejores estándares también en materia de seguridad, conforme al Acuerdo de Ciudad del Cabo.


En concreto, APR garantiza que los 47 buques de OPAGAC cuentan con certificados de seguridad y telecomunicaciones emitidos por el estado de pabellón. Con este último garantizan que pueden transmitir y recibir información sobre rescates y búsquedas, señales de auxilio y otras comunicaciones relevantes.


Disponen, además, de un certificado de tripulación mínima, personal formado en materia sanitaria y planes de evaluación de riesgos laborales, de formación en esta materia y de utilización de equipos de protección individual (extintores, chalecos y balsas). Cada buque cuenta también con un seguro de protección e indemnización con la mejor cobertura, y que no se puede obtener si los buques no están construidos con los estándares que promueve la OMI en el Acuerdo de Ciudad del Cabo.


Todos los buques de la flota están sometidos a autorizaciones, controles, verificaciones e inspecciones por parte del estado de pabellón, de los estados ribereños donde faenan, de aquellos donde transbordan y descargan y de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP).


Cabe recordar que APR también es el mejor instrumento legal para garantizar el trabajo decente en la pesca, al contemplar el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otro de los instrumentos legales promovido para su ratificación a nivel internacional.


La Conferencia Ministerial de Torremolinos (21-23 de octubre) continúa con un grupo de trabajo de las tres agencias de la ONU vinculadas con la lucha contra la pesca ilegal -OMI, OIT y FAO-, cuyo objetivo es seguir promoviendo los instrumentos internacionales por ser piezas fundamentales en la erradicación de esta práctica.

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