El Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, ha venido a confirmar que el Gobierno municipal de A Coruña pretendesaltarse la normativa vigente en su intento de otorgar la máxima catalogación monumental al edificio de la Lonja del Gran Sol.
El Ayuntamiento de A Coruña había aprobado en noviembre de 2018, de forma inicial, una modificación del Plan General de Ordenación Municipal que incluía la catalogación de la Lonja del Gran Sol. La Autoridad Portuaria presentó alegaciones al acuerdo, al entender que es improcedente y vulnera la actual Ley de Puertos, por lo que cabría calificarlo como desviación de poder.
En concreto, las alegaciones de la Autoridad Portuaria subrayaban que el artículo 56 de la Ley de Puertos indica que "los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales, así como el dominio público portuario afecto al servicio de señalización marítima, como sistema general portuario, y no podrán incluir determinaciones que supongan interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria".
Esta norma la pone de manifiesto también Puertos del Estado para rechazar la pretensión del Gobierno municipal, ya que la inclusión del edificio en el catálogo de inmuebles protegidos no es compatible con su explotación portuaria, que requiere posibilitar su adaptación a las necesidades de las empresas que operan en el mismo, y limita en consecuencia su uso potencial.
La Autoridad Portuaria no pone en cuestión el valor del edificio, sino el mecanismo que quiere utilizar el Gobierno de la Marea Atlántica para catalogarlo, y muestra su satisfacción por el hecho de que el Ministerio de Fomento respalde la tesis de la Autoridad Portuaria, en el sentido de que la pretensión municipal supondría una vulneración de la ley.
Resulta lamentable que desde el grupo de la Marea se intente achacar a la Autoridad Portuaria una mera búsqueda de rentabilidad, cuando lo que hace la Autoridad Portuaria es defender la continuidad de las empresas que operan que en la Lonja del Gran Sol y en el conjunto de las instalaciones pesqueras existentes en el Puerto, tratándose de un sector que genera miles de puestos de trabajo. De hecho, en las alegaciones de la Autoridad Portuaria se pone también de manifiesto que la pretendida modificación del Plan General carece del correspondiente estudio de impacto económico.
La actuación del Gobierno municipal es una evidencia más de la falta de respeto institucional que muestran los actuales gestores del Ayuntamiento hacia la Autoridad Portuaria, añadiendo en esta ocasión un intento de actuar ilegalmente.
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