La condonación de la deuda del Puerto de A Coruña no es compatible ni con la ley estatal ni con la normativa europea​

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La presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, y su homólogo del Puerto de A Coruña analizan la situación del puerto. Las medidas que se adopten garantizarán la sostenibilidad económica de la Autoridad Portuaria.

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La presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, y el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Enrique Losada, han mantenido una reunión de trabajo con el objetivo de revisar las principales cuestiones que afectan a la Autoridad Portuaria.


Durante la misma, Enrique Losada transmitió que la construcción del Puerto Exterior de Punta Langosteira se inició en 2005 con un esquema financiero vinculado desde ese momento a la obtención de recursos mediante la desafectación de terrenos en el puerto interior.


Con esta previsión se ha trabajado hasta el momento en las programaciones económicas acordadas entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, si bien ambos responsables se han comprometido a analizar si, en el momento actual, la enajenación de activos debe continuar siendo la garantía, o si por el contrario resulta necesario encontrar nuevas fórmulas que garanticen la viabilidad de la Autoridad Portuaria.


Ornella Chacón recordó que la condonación de la deuda no es compatible ni con la ley estatal ni con la normativa europea, lo que no impide que se articulen otras medidas alternativas que garanticen la sostenibilidad económica de la Autoridad Portuaria. En este sentido, Enrique Losada presentó algunas alternativas que deberían ser valoradas por diversas Administraciones del Estado, recordando además el compromiso de la Xunta de Galicia para mantener la titularidad pública de la Solana y los muelles de Batería y Calvo Sotelo.


Igualmente, la presidenta de Puertos del Estado se comprometió a solicitar reunión al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para impulsar la conexión ferroviaria a las instalaciones de Punta Langosteira, procurando que la obra no suponga una nueva carga financiera para la Autoridad Portuaria.

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