La Autoridad Portuaria de Alicante aprueba el Plan Estratégico 2018-2022

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El Consejo de Administración del ente portuario también ha otorgado la concesión administrativa, por concurso público y plazo de 30 años, para construir y explotar la terminal pública de graneles sólidos en el Muelle 17, a favor de Eiffage Infraestructuras, S.A.U.

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El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha aprobado el pasado 26 de septiembre el Plan Estratégico para el periodo 2018-2022, que fue ampliamente expuesto y debatido en el mes de julio.

Entre los acuerdos adoptados en la sesión celebrada, también cabe destacar que se ha otorgado la concesión administrativa, por concurso público y plazo de 30 años, para construir y explotar la terminal pública de graneles sólidos en el Muelle 17, a favor de Eiffage Infraestructuras, S.A.U. La adjudicación ha estado sometida a información pública durante un mes y no se han presentado alegaciones.

Asimismo, se ha aprobado una modificación no sustancial de la concesión otorgada a Terminales Marítimas del Sureste (TMS), por la que se autoriza un cambio en las inversiones comprometidas a realizar entre 2019 y 2020, por un importe superior a los 9 millones de euros, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la terminal.

Por otra parte, también se ha resuelto:

• Otorgar una concesión administrativa para ocupar y explotar una nave industrial en la parcela P-2 a Alicante Port S.L.
• Una modificación no sustancial de la concesión administrativa otorgada a la Marina Deportiva del Puerto, ampliando en algo más de 3.000 m2 la superficie de lámina de agua de la que dispone.
• Conceder una segunda prórroga de la autorización de la gestión del servicio de apoyo a las labores de control en las Instalaciones Fronterizas de Control de Mercancías (IFCM) del puerto de Alicante.

El Presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, ha informado al Consejo de que TMS solicitó, a principios del mes de agosto, una modificación sustancial de su concesión para poder albergar seis depósitos de carburantes, con una capacidad máxima de 300.000 toneladas. Conforme a la legislación vigente, esta modificación debe de ser sometida a exposición pública para que puedan presentarse, en su caso, las alegaciones que se consideren pertinentes. Este acto reglado no prejuzga el sentido final que, conforme a la normativa aplicable, pueda adoptarse al respecto.