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CONSEJO DE MINISTROS

Real Decreto para impulsar la utilización de las infraestructuras gasistas

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GNLbunkering

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Cabe destacar las medidas relativas al "bunkering" (suministro de combustible de barco a barco), que son particularmente importantes para dar un mayor uso a las plantas de gas natural licuado (GNL) y para permitir que los puertos españoles puedan facilitar el suministro de GNL para navegación.

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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que contiene una batería de medidas destinadas a impulsar la utilización de las infraestructuras gasistas, así como a mejorar el funcionamiento del mercado. Estas medidas se articulan mediante la modificación del Real Decreto 949/2001 (acceso y régimen económico del sistema), del Real Decreto 1434/2002 (regulación de actividades) y del Real Decreto 984/2015 (mercado organizado), entre otras normas.


Este Real Decreto adapta el marco regulatorio para facilitar la contratación de nuevos servicios en las instalaciones gasistas y hacer un uso más eficiente de los existentes.


Cabe destacar, a este respecto, las medidas relativas al "bunkering" (suministro de combustible de barco a barco), que son particularmente importantes para dar un mayor uso a las plantas de gas natural licuado (GNL) y para permitir que los puertos españoles puedan facilitar el suministro de GNL para navegación.


Asimismo, el Real Decreto establece la estructura del peaje de inyección de biogás/biometano desde las plantas de tratamiento de residuos, adaptando así el marco normativo actual a las necesidades de avanzar en la descarbonización de nuestra economía.


El Real Decreto aprobado establece también un procedimiento más ágil para inhabilitar a las comercializadoras fraudulentas, a la vez que se protege a los consumidores afectados que seguirán manteniendo su suministro a través de una comercializadora de último recurso, sin perjuicio de que puedan cambiarse a otra comercializadora de su elección.


Asimismo, se regula el procedimiento de baja de instalaciones de la red básica de gas y se regulan las obligaciones de desmantelamiento de las infraestructuras del sistema para garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente.


Por último, se reestablece la tramitación de las instalaciones afectadas por el Real Decreto-ley 13/2012, lo que les permitirá obtener la autorización administrativa y se determina un procedimiento para evaluar si su puesta en operación comercial es necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema gasista.

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