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A la vista de las irregularidades detectadas en la ejecución de las obras de construcción de la nueva lonja pesquera el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria solicitó a Puertos del Estado en el mes de marzo de 2016 una auditoría integral para decidir en función de sus conclusiones la exigencia de responsabilidades, incluso en la vía penal.
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Mediante un Auto de 28 de marzo de 2018 el Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia-San Sebastián ha acordado el sobreseimiento provisional de las Diligencias Previas en las que se investigaban cinco presuntos delitos que se habrían cometido durante la ejecución de las obras de construcción de la nueva lonja pesquera del puerto de Pasaia. En estas Diligencias figuraban como investigados técnicos de la Autoridad Portuaria y de la Unión Temporal de Empresas adjudicataria de las obras.
Una vez sea firme este Auto se producirá el archivo de las actuaciones.
A la vista de las irregularidades detectadas en la ejecución de las obras de construcción de la nueva lonja pesquera el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria solicitó a Puertos del Estado en el mes de marzo de 2016 una auditoría integral para decidir en función de sus conclusiones la exigencia de responsabilidades, incluso en la vía penal.
La Abogada del Estado forzó la convocatoria de un Consejo extraordinario en abril para proponer el inmediato traslado del expediente a la Fiscalía, lo que no fue aprobado por el Consejo, que se remitió a su acuerdo de marzo.
A pesar de ello la Abogada del Estado se personó en la Fiscalía y realizó una prolija declaración que dio lugar a la apertura de las Diligencias Previas.
A lo largo de la instrucción se han practicado numerosas pruebas, entre ellas el registro de las oficinas de la Autoridad Portuaria, de la UTE y de la asistencia técnica por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La Autoridad Portuaria se personó en las actuaciones y aportó toda la documentación que se ha ido generando, en especial la auditoría elaborada por Puertos del Estado, y la resolución del Tribunal de Cuentas que concluyó que no se había producido perjuicio al erario público.
Posteriormente el Juzgado de Instrucción ha solicitado dos informes periciales y ha tomado declaración a los investigados y a diferentes testigos, entre ellos el anterior Presidente de la Autoridad Portuaria.
La Fiscalía solicitó con fecha 5 de marzo de 2018 el sobreseimiento de las actuaciones, a lo que ha accedido la titular del Juzgado de Instrucción número 2 en el auto notificado ayer. Se considera acreditado que no se ha producido desvío de dinero público. El Auto constata que se han producido irregularidades administrativas, que se consideran justificadas a la vista del interés público en no paralizar la actividad de subasta de pescado. Todas las cantidades abonadas por encima de lo presupuestado y adjudicado se deben a mayor obra ejecutada, y esa obra adicional responde a necesidades puestas de manifiesto durante la ejecución.
Con esta resolución se pone fin a un procedimiento que ha afectado negativamente a la imagen de la Autoridad Portuaria, de las empresas constructoras y de los técnicos investigados y que no se hubiera iniciado de haberse seguido el plan de trabajo acordado por el Consejo de Administración en marzo de 2016.
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