Estas organizaciones confían en que el liderazgo en Europa del sector pesquero español empuje ahora a la UE a revisar los mecanismos que permiten la importación de pescado de flotas, mayoritariamente asiáticas, que desprecian los derechos laborales, además de los medioambientales, pero que acaba siendo consumido por los ciudadanos europeos
La herramienta de diligencia debida en materia de derechos humanos es una iniciativa conjunta del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI).
Con esta incorporación, la organización ya representa a nueve compañías y una flota de 51 buques que capturan 400.000 toneladas anuales, el 8% de la captura mundial.
A partir de mediados de junio de 2020, unos 150 000 marinos al mes necesitarán vuelos internacionales para garantizar que se pueda realizar el cambio de tripulación. La mitad de estos marinos deben ser repatriados a casa por avión, la otra mitad se unirá a los buques.
El mecanismo que establece el salario mínimo mensual para los marineros cualificados es el mismo utilizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para establecer el salario mínimo en cualquier industria.
En la actualidad, 45 buques de la flota atunera española ya cuentan con el certificado que garantiza el cumplimiento de la norma APR: 39 de la flota agrupada en la OPAGAC y 6 de la armadora Pevasa, integrada en ANABAC, ambas miembros de Cepesca.
