Este impuesto pretendía graviar, entre otros activos, a las embarcaciones de recreo que estén a nombre de empresas, y que no se usen para actividad productiva sino para usos particulares.
Se aplicará a compañías con una facturación anual global a partir de 750 millones de euros. La Comisión Europea calcula que la evasión fiscal por parte de las empresas cuesta a los países de la UE entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales en ingresos perdidos.
El sector del transporte por carretera europeo paga el 130% de la infraestructura que utiliza y sus costes externos.