A través de un Real Decreto que unifica y pone al día las normas que regulan la seguridad tanto de la vida humana en el mar como de la navegación, en relación con el buceo. Define una serie de limitaciones que se deben respetar en el ejercicio de estas actividades y que obedecen a motivos de seguridad nacional, protección medioambiental o de interés histórico o arqueológico.