Asocelpa
Su candidatura fue la única que se presentó. Le acompañarán en la junta directiva Carmen Moreno, Vicepresidenta, Federico López, Tesorero; Alejandro García-Reboredo, Secretario; y Eduardo Álvarez, Gabriela Esquivel, Francisco Naranjo y Héctor Perdomo, vocales.
Seis meses después de anunciarlo, la Asociación de Consignatarios de Las Palmas presenta un recurso contencioso-administrativo contra el Pliego del Servicio Portuario de remolque de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que fue aprobado por su Consejo de Administración el pasado 8 de mayo de 2020.
La institución y la asociación analizaron la situación actual y futura de Puertos de Las Palmas.
A nadie se le escapaba que Boluda iba a actuar de oficio contra una situación que aparentemente parecía llena de arbitrariedades.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas prevé convocar el Consejo de Navegación para el día 13 o 14 de agosto y enviar el pliego definitivo a Puertos del Estado la tercera semana de agosto.
Una de las principales alegaciones está centrada en los medios humanos y materiales mínimos exigidos, proponiendo la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas que se reduzca prácticamente a la mitad.
"Me voy a centrar en 6 grandes proyectos muy importantes para el Puerto, y no voy a permitir que recursos como el de Fairplay y Asocelpa condicionen la hoja de ruta que me he trazado con los pliegos de servicios básicos portuarios".
La vicepresidenta Carmen Moreno de MSC asume la presidencia en funciones hasta la convocatoria de elecciones.
Argumenta que Asocelpa no defiende los intereses de sus asociados, destruyendo cualquier iniciativa de desarrollo de la la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
La patronal valora positivamente el impulso dado a los pliegos del servicio de remolque ya que permiten mejorar la competitividad general del puerto y a los que en breve iniciaran su tramitación: amarre, prácticos y recogida de residuos..
Con el apoyo explícito del 33% de sus asociados, la votación ha puesto de manifiesto la ruptura de la patronal de los consignatarios.
La Autoridad Portuaria ha suministrado a los operadores material de protección tras el reparto a los servicios portuarios esenciales (estibadores, prácticos, remolque, amarradores...) y a personal propio, especialmente la Policía Portuaria.
La Fundación redefine sus órganos de representación. Jorge Petit, consejero delegado del Hospital Perpetuo Socorro, ha sido nombrado vicepresidente de la entidad en la última Asamblea General.
Asocelpa expuso a Francisco Trujillo la principales reinvindicaciones de esta patronal, entre las que destaca el pliego de prácticos, el movimiento de los taxistas, el tránsito de los buques gaseros, la reducción del IBI y la demanda de presencia de esta patronal en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, se compromete a trabajar para incorporar a Asocelpa al consejo de administración del ente portuario.
Según la Asociación de Consignatarios y estibadores de buques de Las Palmas, Asocelpa, se ha tocado fondo en muchos tráficos y confian en la disposición de la Autoridad Portuaria para salir de este bache.
Propone incrementar el número de prácticos de 12 a 15 y el de embarcaciones a 5 unidades. Algunas voces en el sector se oponen aduciendo que se produce un incremento de las tarifas en un momento de caídas del tráfico, y restará competitividad al puerto. La autoridad portuaria defiende que son los recursos y las tarifas que necesita un puerto de estas dimensiones y para mantener la calidad del servicio.
Así lo reclamaba su vicepresidenta, Carmen Moreno, en la presentación de Asocelpa de su plan Rumbo 2025, la nueva identidad de marca de esta patronal orientada a su centenario.
Los representantes empresariales coincidieron con el presidente de la Autoridad Portuaria en que uno de los temas prioritarios es el desbloqueo de los pliegos de los servicios portuarios.
La sentencia no ha entrado en el fondo de la cuestión, pues se han estimado las primeras alegaciones de Asocelpa sobre la nulidad de la normativa por no dar trámite de audiencia ni ser objeto de publicación.