Los puertos españoles están plenamente operativos, casi como cualquier día. Solo varía que en ellos ya no hay prácticamente personal administrativo o de oficinas, están teletrabajando. Los que están son los que trabajan físicamente en el puerto.
La Dirección General de la Marina Mercante ha dispuesto que los Pliegos de Prescripciones Particulares deben mantener la reserva de bandera española para las embarcaciones de los servicios técnico náuticos.
Los sindicatos OTEP, SITRAMAR, COORDINADORA, CIG, USO, SAME, CNT, CGT Mar y Puertos, se integran en la Plataforma Estatal en Defensa del Tráfico Interior de Puertos y apoyan sus demandas.
Tras la publicación del del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), este colectivo formado por 1.500 trabajadores está dispuesto a paralizar los puertos españoles para reivindicar una garantía de mantenimiento de sus condiciones laborales y de seguridad.
La poca o nula atención que prestan algunos organismos públicos al servicio de amarre en el Puerto de Las Palmas pone en riesgo no solo su estabilidad económica como sector, sino que en ocasiones pone en peligro las vidas de sus profesionales.
Esta medida, conocida como reserva de bandera, supone que solo esos buques puedan acceder a servicios como el remolque y amarre. En el caso español, su gestión está principalmente en manos de empresas monopolísticas que cobran tarifas excesivas. Se trata de una medida proteccionista contraria al derecho de la Unión Europea.
La misión del amarrador va más allá que la de facilitar el amarre de los buques. Son los encargados de la seguridad en la maniobra del buque (bajo las instrucciones del práctico a bordo), pero también velan por la seguridad del medio ambiente”.
