Amarradores
Torremor es una compañía constituida en 1994 que cuenta con casi una treintena de empleados, aunque previsiblemente su plantilla crecerá a partir de estas licencias. Su facturación anual supera el millón de euros
La operación afecta a la prestación de servicios de amarre y desmarre en el Puerto de Barcelona. Se autoriza tras un intenso análisis en segunda fase e incluye un compromiso para respetar las condiciones comerciales y los precios previos durante 5 años. La Comisión vigilará su cumplimiento y la nueva empresa deberá remitir información periódicamente sobre los precios y condiciones que aplica
El colectivo de trabajadores del sector del amarre reclama a la Autoridad Portuaria la vigilancia de las condiciones laborales de los trabajadores para la concesión de licencias
El pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de amarre en el Puerto de Las Palmas se enviará mañana a Puertos del Estado para continuar con su trámite antes de su aprobación definitiva en un consejo de administración previsto para antes de final del año.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas prevé convocar el Consejo de Navegación para el día 13 o 14 de agosto y enviar el pliego definitivo a Puertos del Estado la tercera semana de agosto.
Los puertos españoles están plenamente operativos, casi como cualquier día. Solo varía que en ellos ya no hay prácticamente personal administrativo o de oficinas, están teletrabajando. Los que están son los que trabajan físicamente en el puerto.
La Dirección General de la Marina Mercante ha dispuesto que los Pliegos de Prescripciones Particulares deben mantener la reserva de bandera española para las embarcaciones de los servicios técnico náuticos.
Los sindicatos OTEP, SITRAMAR, COORDINADORA, CIG, USO, SAME, CNT, CGT Mar y Puertos, se integran en la Plataforma Estatal en Defensa del Tráfico Interior de Puertos y apoyan sus demandas.
Tras la publicación del del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), este colectivo formado por 1.500 trabajadores está dispuesto a paralizar los puertos españoles para reivindicar una garantía de mantenimiento de sus condiciones laborales y de seguridad.
La poca o nula atención que prestan algunos organismos públicos al servicio de amarre en el Puerto de Las Palmas pone en riesgo no solo su estabilidad económica como sector, sino que en ocasiones pone en peligro las vidas de sus profesionales.
Esta medida, conocida como reserva de bandera, supone que solo esos buques puedan acceder a servicios como el remolque y amarre. En el caso español, su gestión está principalmente en manos de empresas monopolísticas que cobran tarifas excesivas. Se trata de una medida proteccionista contraria al derecho de la Unión Europea.
La misión del amarrador va más allá que la de facilitar el amarre de los buques. Son los encargados de la seguridad en la maniobra del buque (bajo las instrucciones del práctico a bordo), pero también velan por la seguridad del medio ambiente”.