A través de esta “oficina virtual”, las empresas y los inversores realizarán las actuaciones y los procedimientos propios de carácter público, que requieran la autentificación por medios electrónicos gracias a la firma digital.
Con un presupuesto de 302 mil euros, este contrato de la Autoridad Portuaria de Tenerife cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses, y la posibilidad de una prórroga de 24 meses.
Tres asistencias técnicas, implantación de la Administración Electrónica, de una plataforma de integración de servicios (Dido Port) y un almacén de datos corporativo que permita generar Estadísticas y Cuadros de Mando de última generación, marcan el inicio de esta conversión.
La APB está implantando un plan estratégico de administración electrónica (2015-2019), impulsando la transformación digital con el objetivo de fomentar y agilizar los procedimientos administrativos con un pleno funcionamiento electrónico y cero papel.
Durante 2017 se emitieron 70.000 liquidaciones en formato papel por los distintos servicios portuarios, tasas de buque, de pasaje y de mercancías, entre otras y, que a partir de febrero, con este nuevo procedimiento se remitirán vía electrónica
